Cuatro preguntas sobre Israa al-Ghomgham
- Ignacio Rullansky
- 23 ago 2018
- 7 Min. de lectura
Actualizado: 24 ago 2018
En el Reino de Arabia Saudita, de población eminentemente musulmana sunnita, existen minorías de la otra gran rama del Islam, el chiismo, como es el caso de las comunidades que habitan la Región Oriental o Provincia Este (Ash Sharqīyah). En este país, las políticas concernientes a las libertades civiles son sumamente restrictivas: la observancia de la religión no es una excepción. Precisamente, la población chiíta de la región en cuestión ha enfrentado, como lo hacen otras minorías (ejemplo, las de los miles de cristianos que viven su fe de manera oculta), distintos grados de discriminación en sus vidas cotidianas que, eventualmente, se trasladaron a la esfera pública, a las calles, en la forma de movilizaciones populares y protestas.
Hoy en día, y desde la Primavera Árabe (2011), las redes sociales e internet han contribuido a difundir noticias, facilitar el intercambio de ideas y poner en contacto activistas, organizadores y a parte de la población que comenzó a acceder e interactuar a partir de plataformas como Facebook, indignada con las políticas de discriminación anti-chiísmo. En la ciudad costera de Qatif, ubicada en la bahía de Tarut, en el Golfo Pérsico, a pocos kilómetros de Bahrein, la lamentable espiral de violencia que se dio entre manifestantes y las agencias de control social del Estado (que suelen caracterizan a manifestantes como terroristas a pesar de estar armados o atentar contra ellos o no) creció hasta alcanzar episodios de gravedad que captaron la atención de organismos de Derechos Humanos internacionales: ejemplo de ello fue la detención y ejecución del Sheij chiíta Nimr en enero de 2016, que causó sumo malestar con Irán, país de mayoría chiíta, y provocó protestas de comunidades chiítas en países vecinos como Bahrein, repudiando el veredicto y su posterior ejecución.
En 2017, Arabia Saudita promovió un proceso de cambios políticos y económicos dando a entender que la monarquía se orientaba hacia un reformismo más proclive a la cosmovisión Occidental. No obstante, lo concerniente al ejercicio de derechos civiles y políticos, es decir, a libertades individuales que incluso en muchos otros países árabes son consideradas elementales, permanece aún teñido por la obstrucción y persecución política. Tanto es así que activistas por los derechos humanos, militantes y manifestantes han sido objeto de duras penas, revelando la escasa libertad de expresión y asociación.
De hecho, en 2017, se comprobó que la pena capital sigue vigente en el repertorio de castigos practicados en el reino, comprendiendo incluso, los crímenes políticos. En mayo del año pasado, la gravedad de incidentes entre la policía y manifestantes chiítas llevó a que crecieran las detenciones así como muertos y heridos de ambos lados hasta entrado el 2018. En agosto, los medios del mundo denuncian, escandalizados, la condena a muerte de un grupo de seis militantes de derechos humanos detenidos, salvo que la magnitud y la trascendencia que adquiere este suceso (precisamente por ello captado por la atención internacional) es algo fuera de lo habitual: uno de estos activistas es chiíta, crítico del gobierno, y es mujer.
¿Quién es Israa al-Ghomgham y por qué enfrenta una posible condena de muerte?
Israa al-Ghomgham, de 29 años y proveniente de una familia humilde, lleva 32 meses de detención desde que ella y su esposo, Musa al-Hashem, fueron arrestados el 8 de diciembre de 2015 por las fuerzas de seguridad saudíes. Debido al liderazgo que asumieron en las movilizaciones de 2011 contra la discriminación a la población chiíta en Qatif (cuando se demandaba, entre otras consignas, libertad a presos políticos durante la Primavera Árabe), la pareja de activistas enfrenta cargos por organización de protestas contra el gobierno (violación al Decreto Real 44/A), incitación a la desobediencia del gobierno y proveer apoyo moral a participantes en dichas protestas. Consecuencia de la situación económica de la pareja al-Ghomgham no pudo costearse su propia defensa en los casi tres años de su detención; una vez el caso tomó notoriedad, diferentes abogados ofrecieron sus servicios pro bono.
Según informaron organismos de Derechos Humanos saudíes como ALQST (con sede en Londres), el 6 de agosto de este año tuvo lugar una primera audiencia ante la Corte Especial en lo Criminal en Riad, la capital saudí, donde el fiscal recomendó la pena de muerte para al-Ghomgham y su marido; la misma suerte corren los otros detenidos. La audiencia final será el 28 de octubre, cuando le tocará al juez confirmar o revertir esta recomendación en su sentencia; en el primer caso, el mismísimo rey, Salman bin Abdulaziz, debería ratificarla. La sentencia provisional de al-Ghomgham desató una campaña nacional a través de las redes sociales pidiendo clemencia.
Las ejecuciones a mujeres convictas por crímenes violentos no son una novedad en Arabia Saudita y en 2015, la circulación de un video en el cual se llevaba a cabo una de estas penas, hizo especular a la sociedad con que se trataba de al-Ghomgham, rumores que luego su familia despejó. Entonces, al-Ghomgham, chiíta, mujer, activista por los derechos humanos y la libertad de conciencia y de expresión, es la primer mujer saudí que enfrenta una posible condena a muerte por otro tipo de crímenes: en términos de expansión y equiparación de derechos, se trataría lista y llanamente de motivos políticos, enmarcados en una forma de vida colectiva, de un orden social escasamente abierto a modificar aspectos de la forma de su propia sociedad.
¿Qué repercusiones inmediatas genera la condena provisoria de Israa al-Ghomgham?
Si bien en 2017 la tasa de ejecuciones fue menor que en 2016, el reinado de Salman vio un incremento inédito desde los noventas: de hecho, Arabia Saudita es el tercer país donde más se practica este tipo de castigo. Lo inédito de esta tendencia es que en ella tuvo lugar el veredicto de al-Ghomgham, quizás la primer saudí en ser ejecutada por motivos políticos, hecho que suscitó una campaña por su liberación.
Según la Organización Europea-Saudí de Derechos Humanos (ESOHR, en inglés), en 2017 se realizaron 148 de ejecuciones correspondiendo a los siguientes tipos de casos agrupados: asesinatos y secuestros (82 casos, 56%), drogas (60, 41%), crímenes políticos (4,3%), de los cuales 93 fueron ciudadanos saudíes y 56 extranjeros pertenecientes a países árabes (como Yemen, Jordania, Palestina) y a otros no árabes africanos como Mali, Kenya y Nigeria. Estas cifras son refrendadas, en informes de Amnistía Internacional.
En un informe de este año titulado "Arabia Saudita: permanece casada al culto de la ejecución", ESOHR informa cómo el país se orienta, desde la unción en 2015 del rey Salman bin Abdulaziz, en un sentido contrario a la tendencia global a la abolición de la pena de muerte, destacando su "resucitamiento" como herramienta de terror, por el efecto ejemplar y disuasivo que entraña en términos políticos. Este documento indicaba que, hasta el primer semestre de 2018, tal tendencia no hacía más que pronunciarse: para junio, 54 personas (incluidos menores de edad) ya habían sido ejecutadas y 31 detenidos enfrentaban cargos de ejecución inminente tras agotarse todos los recursos legales, mientras otros 10 recibían condenas provisorias sin agotar todas las instancias.
El director de ESOHR, Ali Abudisi, expresó que “sentenciar a una defensora de los derechos humanos es sentar un peligroso precedente en Arabia Saudita", destacando que los cargos en su contra no comprenden el uso de la violencia, hecho que sí acarreraría la implicancia de una posible pena capital. Abudisi añadió que esta condena provisional es un castigo contra al-Ghomgham, una "venganza" contra la Primavera Árabe y una reprimenda a Qatif, dadas las masivas protestas que tienen lugar allí desde 2011. De acuerdo a las cifras actualizadas por ESOHR, en agosto se cuentan al menos 58 personas, en su mayoría chiítas que enfrentan la pena de muerte, 31 de las cuales ya fueron confirmados por la Corte Suprema.
La directora del departamento de Medio Oriente de Human Rights Watch, Sarah Leah Whitson, repudió públicamente las ejecuciones en sí, pero subrayó particularmente del caso de al-Ghomgham la excepcional "monstruosidad" de una pena capital por activismo político y no por comportamiento violento. Además, Whitson remarcó el cotidiano "despotismo desenfrenado" de la monarquía saudí como un factor que dificulta su campaña de relaciones públicas de dar una imagen del país transicionando a un cierto reformismo más afín a la cultura Occidental. Whitson añadió que si el monarca quiere ser serio con sus aspiraciones debería mostrar un comportamiento ejemplar en lo relativo a la observancia y protección de los Derechos Humanos y apoyar que revierta el veredicto de los detenidos. En el mismo sentido se expresó Samah Hadid, directora de campañas en Medio Oriente de Amnistía Internacional, destacando lo nocivo que este mensaje ejemplar transmite al activismo político crítico a la monarquía en Arabia Saudita.
¿Cómo entenderá el feminismo la situación de Israa al-Ghomgham?
Desde la década del noventa, mujeres activistas en campañas de expansión de derechos, como el de que la mujer pueda conducir automóviles, sufrieron detenciones arbitrarias y operativos mediáticas de desacreditación por parte de las autoridades: eso le ocurrió a la abogada y defensora de los derechos humanos, Aisha a-Manea, a la bloguera Iman a-Nafjan, a Aziza al-Yusef (quien también se opuso al sistema de tutela masculina), y a Lujain al-Hathlul, quienes a fines de mayo fueron liberadas junto a sus abogados, tras desafiar la prohibición a manejar, tan sólo un mes antes que el Estado la levantara y comenzara a expidir permisos a partir del 24 de junio.
Hoy en día, la campaña que el rey y su heredero, el príncipe Mohammed bin Salman, presentan como una transición al reformismo, se topa con un caso que confronta la tensión entre la preservación de una relación de fuerzas institucionalizada (fundante de la legitimidad de la casa de Saud) en la que se siga priorizando a una parte de la población en razón de su confesión sobre las demás, con el objetivo en cuestión. Es decir, en el medio de esta tensión, el caso de Israa al-Ghomgham interseca otra variable, que es la de los derechos de la mujer, cuya ampliación es (o debería ser) un componente esencial e insoslayable de la transformación que promueve la monarquía. Esta transformación alcanza aparentemente un límite en la arena política, en la discusión de qué voces han de pronunciarse reclamando y participando en la consagración de derechos colectivos (libertad de asociación, expresión, confesión e igualdad a partir de estas diferencias ideológicas o religiosas) a menos que se trate de otros como el de conducir, libertades individuales que, en definitiva, no modifican los fundamentos de la relación hegemónica etnocrática-confesional que sostiene la mayoría sunnita, por ejemplo, respecto a la chiíta, asociada a regímenes como el de Irán, enemigo acérrimo de Arabia Saudita.
Por otro lado, subyace la pregunta de cómo reaccionarán los movimientos feministas del mundo árabe e islámico, y en particular, pienso, los de América Latina: ¿cuáles son los desafíos de plantear que el caso de Israa al-Ghomgham es uno que el feminismo local pueda embanderar, sin tratarse necesariamente, de una portavoz de la ampliación o igualación de los derechos de la mujer sino de la expansión de derechos en general, y considerando la variable religiosa como una que suele pensarse actualmente, por los debates que se establecen aquí, de manera opuesta a los valores del feminismo local actual? En otras palabras, ¿hablamos de Israa al-Ghomgham porque el Estado saudí la está convirtiendo en la primera mujer en ser condenada a muerte? ¿cómo entrará discursivamente su condición de mujer, chiíta, respecto a la práctica militante, no necesariamente feminista, que ejerció desde 2011?
Link de la campaña en favor de la liberación de Israa al-Ghomgham en Change.org. : https://www.change.org/p/king-of-saudi-arabia-save-israa-al-ghomgham-s-life
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